EL EQUILIBRIO DE LA BALANZA, por ELÍAS QUINTEROS

EL EQUILIBRIO DE LA BALANZA, por Elías Quinteros
El 3 de octubre, durante la madrugada, los productores rurales que están re-presentados por las cuatro entidades que integran la Comisión de Enlace —Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), y Federación Agraria Argentina (FAA)—, iniciaron un nuevo paro con el objeto de protestar contra la política agrope-cuaria del kirchnerismo. Según las manifestaciones de los exponentes de esas enti-dades, esta medida patronal responde a la ausencia de un diálogo próspero, desde la conclusión del paro anterior, entre el gobierno nacional y el «campo»: expresión que dice mucho en algunos casos y que, en cambio, no dice nada o, por lo menos, nada importante en otros. Pero, la actitud demostrada por algunos de estos productores y, en especial, por algunos de sus aliados, a lo largo del conflicto precedente, nos auto-riza a sospechar de la sinceridad de las razones esgrimidas en forma oficial, para justificar la realización de esta nueva protesta. Y, además, nos lleva a efectuar una serie de reflexiones que, aunque tengan al conflicto antedicho como causa originaria, ayudan a comprender la naturaleza y la finalidad de éste.

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Desde que el ministro Martín Lousteau, por el hecho de estar al frente de la cartera de Economía y Producción, anunció la modificación del esquema de retencio-nes a las exportaciones agropecuarias; hasta que el vicepresidente Julio Cobos votó en contra del proyecto de ley que ratificaba dicho esquema y, por lo tanto, selló la suerte del mismo; la sociedad argentina, según el caso, fue testigo, partícipe y vícti-ma del conflicto que enfrentó al gobierno nacional y a las entidades representativas del «campo». Durante la duración de ese conflicto, es decir, durante los cuatro meses que transcurrieron desde su inicio hasta su final, algo que no tiene precedente en nuestra historia, muchos opinaron a través de los medios de comunicación escrita, radial y televisiva sobre la naturaleza de la disputa que se desarrolló como conse-cuencia del anuncio realizado por el titular del Palacio de Hacienda. A raíz de esto, algunos hablaron de un enfrentamiento entre una suma de individuos que trataba de defender la ganancia legítima que provenía de su trabajo y un Estado que trataba de apoderarse de esa ganancia o, en el mejor de los supuestos, de una parte conside-rable de ella, sin ninguna clase de justificación, con el propósito de atesorarla al igual que un avaro, derramarla en los bolsillos de algunos funcionarios, distribuirla dema-gógicamente entre la población o malgastarla en la realización de actividades u obras innecesarias. Otros, a diferencia de los anteriores, sustentaron la idea de un enfren-tamiento entre el agro y la industria, entre el «campo» y las ciudades e, incluso, entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires: circunstancia que reeditaba la lucha entre los federales y los unitarios, las dos fuerzas que monopolizaron la escena política durante la mitad del Siglo XIX. Y, los de un tercer grupo —tras creer que la condición de los pequeños y los medianos productores de la Pampa Húmeda era similar que la de los campesinos, indígenas o no, de las zonas extrapampeanas—, consideraron que estaban presenciando las alternativas de un enfrentamiento que reproducía la lucha entre el proletariado y la burguesía. Unicamente, quienes se distanciaron de estas posturas dieron a la situación suscitada el encuadre correcto y, por tal motivo, alertaron sobre la existencia de un enfrentamiento entre dos modelos de país o, de acuerdo a otra perspectiva, entre uno de los sectores más poderosos desde el punto de vista económico y un gobierno que, aunque no simbolizaba la modificación sus-tancial del modelo existente, procuraba implementar una medida que tendía a la re-distribución de la riqueza.

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A lo largo de este conflicto, un acontecimiento que, como todos sabemos, principió de manera oficial con la ingenuidad de un funcionario que supuso que nadie reaccionaría frente a la aplicación de retenciones móviles y que, luego, concluyó con la deslealtad de otro que, a imitación de Judas, obró contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en medio de la madrugada, mientras el grueso de la pobla-ción dormía, ni la gente del «campo», ni la de la oposición, reconoció que el fenóme-no de la «renta agraria diferencial» se ocultaba tras el rechazo a esas retenciones. Tal fenómeno, aunque algunos nieguen su existencia o su magnitud, origina que la ganancia de los productores agropecuarios de la Pampa Húmeda sea mayor que la de los productores agropecuarios de otras zonas del orbe, ya que el costo de la pro-ducción de una tonelada de carne o de una tonelada de granos en las tierras que conformaron el «desierto» hasta que el ejército las liberó de los «salvajes» que las ocupaban y las incorporó al ámbito de la «civilización», es menor que el de la produc-ción de esa cantidad de carne o de granos en otras regiones, por obra de dos condi-ciones naturales: la benignidad del clima y la fertilidad de suelo. A esto, debemos agregar que el crecimiento de la demanda mundial de alimentos y, además, de bio-combustibles ocasiona que esa ganancia, que es enorme en tiempos normales, ad-quiera dimensiones increíbles a un ritmo vertiginoso e inimaginable en épocas pasa-das. Por lo tanto, no nos engañemos. Aquí, la posibilidad de incrementar la parte de ese beneficio extraordinario que es percibido por el Estado, beneficio que sólo apro-vecha a unos pocos, a fin de distribuirlo con el resto de la sociedad y, en particular, con aquellos sectores que padecen los males económicos y sociales más profundos, constituyó la raíz del conflicto y, asimismo, reveló la presencia de un odio de clase, raza y género detrás de las prácticas autoritarias de un grupo de individuos que, sin ningún tipo de pudor, consideran que pueden violentar las reglas de la democracia cada vez que un gobierno afecta o amenaza su poder real o simbólico.

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La pérdida de una porción de esa renta que, aclarémoslo, no es el resultado exclusivo de la iniciativa y el riesgo empresario de unos productores que, indepen-dientemente de su condición de propietarios o arrendatarios, contratan a unos peo-nes para que trabajen la tierra con un mayor o menor grado de equipamiento tecno-lógico; sino que, además, es la consecuencia inevitable de la generosidad de una naturaleza que combina año tras año la cantidad necesaria de sol, agua y humus para que cualquier semilla que caiga sobre el suelo brote con la facilidad de los yu-yos; produjo el surgimiento de una infinidad de «piquetes» que impidieron u obstacu-lizaron la circulación vehicular por las rutas del país. Extrañamente, quienes cuestio-naron en más de una ocasión a las personas que ocupaban una avenida, un puente, una ruta o una vía férrea, a fin de reclamar la entrega de un poco de comida, la ins-cripción en un plan de ayuda social o la creación de un puesto de trabajo, no reaccio-naron del mismo modo con los exponentes del «campo» que, después de adoptar una actitud más radicalizada que la de los «piqueteros tradicionales», crearon un es-tado de paralización que produjo la interrupción de actividades industriales, el cierre de pequeños y medianos comercios, el sacrificio de animales, el derrame de leche, el descarte de verduras y frutas, y la suspensión de empleados y obreros. Sin lugar a dudas, la implementación de una forma de protesta que implicó la detención de los vehículos que circulaban por las rutas, la inspección de los camiones con el fin de controlar la clase de carga que era trasladada por ellos, la retención de los rodados que transportaban sustancias alimenticias y el abandono de las ciudades y, en parti-cular, la de Buenos Aires a merced del peligro del desabastecimiento, consiste en algo menor cuando los individuos que proceden de esta forma no son los que sólo disponen de la tierra que cabe en unas macetas y, en casos más afortunados, de la que sirve de base para una vivienda humilde o para una habitación de chapa, madera y cartón.

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La utilización del «cacerolazo», es decir, de la percusión de cacerolas u otros elementos de cocina en la vía pública, por parte de una minoría que apoyaba incon-dicionalmente a los responsables del paro patronal y de los «piquetes rurales» que paralizaban el país, tuvo una influencia destacada. Pero, y a pesar de sus esfuerzos, quienes protestaron contra el gobierno en la Plaza de Mayo; en los barrios de Recole-ta, Palermo y Belgrano; y en los alrededores de la residencia presidencial de Olivos; no lograron que su protesta tuviera la magnitud y el efecto de las que acontecieron en diciembre de 2001. En primer lugar, la exteriorización de su repudio no tuvo como detonante a un «corralito» que limitaba la extracción del dinero que yacía en los ban-cos, ni a un «estado de sitio» que pretendía controlar el malestar que existía en las calles; sino a una «política de retenciones» que apuntaba a la redistribución de una parte de la riqueza que era producida por el agro. En segundo término, la expresión «que renuncie», algo que estuvo en la boca de los que se pronunciaron de este mo-do, no consistió, a diferencia de la consigna «que se vayan todos», en la manifesta-ción del hartazgo de un sector de la sociedad que vio al conjunto de la clase política, como una muestra de incapacidad y venialidad; sino en la expresión de la intolerancia de los miembros de una minoría que percibieron a las reglas del juego democrático, como un peligro para su pensamiento autoritario, su postura «antikirchnerista» o sus intereses económicos. Y, en tercer orden, el destinatario de sus ataques no fue una administración que recorría prematura y rápidamente el último segmento de su exis-tencia, a través de un panorama de recesión y desocupación creciente, como la de Fernando de la Rúa; sino una que, hasta ese momento, usufructuaba los logros de la gestión anterior, ignoraba los efectos del desgaste y disfrutaba del favor de la opinión pública.

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Según lo acontecido en medio de este contexto, una presidenta elegida de una manera democrática que tomó una medida económica de carácter redistributivo, a través del procedimiento establecido al efecto, por la normativa reglamentaria de sus atribuciones constitucionales; que solicitó a los integrantes de las «entidades del campo», en más de una circunstancia, que suspendiesen el paro patronal y los «pi-quetes rurales» que alteraban el funcionamiento de la economía, a fin de mantener un diálogo abierto y constructivo que contemplase sus cuestionamientos, sin obtener un resultado favorable; que rechazó la posibilidad de restablecer el orden, mediante el uso de la fuerza, aunque la legislación le permitía acudir a la misma y la sociedad o, por lo menos, una parte considerable de ésta le pedía que procediese de ese mo-do; que requirió la intervención del Congreso Nacional, a pesar de estar facultada para actuar sin la opinión de ese órgano, con el objeto de satisfacer los deseos de la oposición y, por lo tanto, permitir el análisis de la medida adoptada a través de un debate amplio y público; y que, por último, revocó la medida objetada, tras aceptar el resultado de una votación que no era vinculante, a los efectos de respetar la decisión de los representantes del pueblo; es una funcionaria de rasgos autoritarios que go-bierna al país, conforme sus caprichos. Inversamente, los individuos que participaron en el paro patronal más extenso y despiadado de la historia argentina; que contribu-yeron al bloqueo de las rutas y, por ende, a la concreción de una serie de conse-cuencias lamentables como la interrupción de actividades industriales y mercantiles, la suspensión de trabajadores, la falta de alimentos y la suba de precios; que propug-naron la paralización de la totalidad de la economía, durante un plazo indeterminado, aunque eso significase el hambre de millones de personas; que exigieron la renuncia de la presidenta evidenciando que no admitían que el destino de la Argentina estu-viese en las manos de una mujer, a disposición de los «negros» que votaban por el peronismo y de los «zurdos» que soñaban con Castro y con Chávez; y que, sin nin-guna clase de inhibición, aparecieron junto a los que reivindicaban a Videla, Massera y Agosti; son unos ciudadanos de espíritu republicano, conducta democrática y, en los momentos decisivos, sentimientos patrióticos.

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En cualquier lugar, un hombre que destroza la confianza de otro, al actuar de un modo que defrauda sus expectativas y daña sus intereses, es un ser que incurre en una de las conductas más vergonzosas y condenables. Sin embargo, en nuestro país, uno que alcanzó la vicepresidencia por el hecho de integrar la nómina de candi-datos que obtuvo el apoyo del electorado, unos meses antes; que tuvo la posibilidad de inclinar la votación de la Cámara de Senadores, a favor del proyecto de ley que provenía de la Casa Rosada; que votó en contra de lo esperado por todos; que afirmó delante de los representantes de la prensa escrita, radial y televisiva que no tenía ninguna razón para dejar su cargo; y que, tras efectuar esa afirmación, se dedicó a entrevistarse con los exponentes de la oposición, es decir, con los mismos que ja-quearon al gobierno desde el comienzo del conflicto; es un político que comprende los problemas del «campo»; que vota según sus convicciones, en lugar de hacerlo según los deseos de la mujer que encabeza el Poder Ejecutivo; que obra con la grandeza de los próceres y que, en síntesis, exhibe el carácter de los estadistas, de los que toman decisiones difíciles en momentos complicados, de los que implemen-tan medidas extremas para resolver desafíos de proporciones mayúsculas. Aquí, te-nemos una situación semejante a la de un jugador de fútbol que ingresa a una can-cha en los minutos finales de un partido; mete el balón dentro de su arco, en medio del estupor de las tribunas, con la intención inequívoca de favorecer a los jugadores contrarios; estigmatiza a su equipo con la marca de una derrota sorpresiva y descon-certante; anuncia que pretende continuar en aquel, durante el resto del campeonato, como si nada hubiese pasado; y, después, entra en tratativas con los dirigentes de la institución deportiva que ganó ese partido. Tal forma de conducta resulta increíble, absurda e indefendible en cualquier ámbito de la vida, a excepción del que corres-ponde a la política o, con más precisión, a la política que defiende los intereses del «campo». Por esto, quienes integran dicho ámbito tienen suficientes motivos para considerar a nuestro vicepresidente como un prócer que merece el bronce y el már-mol.

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El triunfo de la Comisión de Enlace y, con ella, de todos los que apoyaron su posición, por el hecho de estar a favor del «campo» o en contra del gobierno nacio-nal, impone a éste la obligación de replantear la estrategia empleada durante el con-flicto y, principalmente, las metas fijadas durante el diseño de la política agropecuaria, a los efectos de evitar una derrota similar en el futuro. Al respecto, quienes conside-ran, por las razones más variadas, que la presidenta de la Nación no sufrió una derro-ta política frente a los «Cuatro Jinetes del Apocalipsis»; o que la derrota de la presi-denta no tuvo una gravedad institucional tan extrema que justifique algún tipo de pre-ocupación; o que la definición del conflicto no involucró una suma importante de erro-res que exteriorizan las contradicciones y las limitaciones del oficialismo; incurren en una conducta que puede contribuir, a pesar de sus deseos, a la producción de un nuevo fracaso. Por su parte, quienes creen que la revisión de las retenciones móviles no evidenció de una manera dramática la incompatibilidad que existe a partir de un punto determinado, entre una política gubernamental que tiende a la redistribución de la riqueza y un modelo agropecuario que, no obstante la intervención del Estado, con-tinúa privilegiando los intereses de unos pocos, exhiben una ingenuidad que no deja de resultar peligrosa. Con referencia a esto, conviene destacar que la alimentación inadecuada de un tercio de la población, en un país que puede alimentar a más de trescientos millones de personas, no revela la existencia de una Argentina pobre, sino la existencia de una Argentina injusta que exporta la mayor parte de su producción alimentaria y que, por este motivo, prioriza el abastecimiento del mercado internacio-nal en detrimento del mercado interno. A su vez, la instrumentación de un proyecto agropecuario que gira alrededor de la explotación de la soja conduce inevitablemente a la concentración paulatina de hectáreas cultivables en un número reducido de pro-ductores, al abandono de cultivos tradicionales, al desalojo masivo de campesinos, a la destrucción de bosques nativos y a la utilización de agrotóxicos que afectan la sa-lud.

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En un momento como el actual, momento decisivo y desconcertante en más de un aspecto, que presenta una gama de oportunidades y peligros que pueden mo-dificar el futuro del país en un sentido o en otro, no debemos minimizar la capacidad de las fuerzas transformadoras que yacen en la sociedad, ni la magnitud de los obs-táculos que aparecen en el horizonte. Y, al proceder según lo dicho, debemos enten-der que el resultado del «conflicto del campo» es más que un desenlace adverso pa-ra el gobierno. Es una lección de la realidad que nos dice que ese resultado puede repetirse, si los responsables de la administración nacional no obran con inteligencia y practicidad, al abordar cuestiones que afecten los intereses de los sectores domi-nantes. Esto último es esencial. La intención de profundizar el crecimiento de la eco-nomía, sin descuidar la redistribución de la riqueza, una conjunción que figura con frecuencia en los discursos oficiales, requiere la asunción de un compromiso con los sectores populares, a fin de conformar los pilares de una política consistente y perdu-rable, en lugar de los términos de una expresión de deseos. Solamente, esos secto-res, que son los mismos que apoyaron los proyectos nacionales del pasado, pueden modificar el equilibrio de la balanza ya que tienen el poder para definir las elecciones, para legitimar las acciones gubernamentales, para ocupar las calles y las plazas en las horas cruciales y, en definitiva, para contrarrestar el discurso y la práctica de quienes tienen una concepción restringida de las palabras «nación» y «pueblo».