Batalla silenciosa, batalla con muchas voces
Es notoria la actitud de los grandes monopolios de la comunicación frente al Anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Gobierno Nacional ha puesto a consideración de la sociedad antes de enviarlo al Congreso. Los monopolios no dicen casi nada sobre esto, silencian los foros donde se discute el anteproyecto, expurgan cuidadosamente cada noticia emitida o publicada. Episódicamente deslizan algún comentario acerca del peligro que corre la “libertad de prensa”, o publican alguna declaración relacionada con cámaras patronales de la comunicación. Pero mayormente… el silencio.
Es una batalla silenciosa la que libran los monopolios contra la democratización de la comunicación audiovisual. Existen causas para esta estrategia del silencio, y no es la menor de ellas el que difícilmente puedan cuestionar u ofrecer una alternativa superadora al texto del anteproyecto oficial. Se las ven en figurillas para encontrar puntos “oscuros” o demostrar el presunto peligro que corre la libertad de prensa. A decir verdad, ni siquiera corre peligro la “libertad de empresa” que es lo que los monopolios entienden habitualmente por libertad de prensa. Pero les molesta claramente los límites a la concentración en pocas manos que el anteproyecto promueve y, sobre todo, la aparición de nuevos actores, de muchas otras voces en la comunicación audiovisual. Estas “otras voces” existen desde hace rato, resistiendo el asedio de los amos del mercado, la hostilidad de un Estado instrumentado desde hace décadas por los grupos económicos, el silenciamiento por parte de los monopolios de la palabra. Son muchas las voces que hablan, aunque se las quiera confinar a la marginalidad, y dicen cosas que los grupos económicos procuran ocultar.
Y es que, desde el campo del pueblo, la estrategia es otra: una batalla con muchas voces. Esas voces pelean desde hace años por la democratización de la comunicación audiovisual; muchas de ellas convergieron en la Coalición por una Radiodifusión Democrática. El anteproyecto que circula, recoge gran parte de las demandas allí consensuadas. La multiplicidad de voces refleja la riqueza de la sociabilidad y cultura política de nuestro pueblo: universidades, sindicatos, movimientos sociales, comunidades originarias, periodistas, estudiantes, intelectuales, artistas y militantes impulsan y participan de los foros. Pero la multiplicidad nos habla a veces también de la disgregación del campo popular, producto de los años de la aplicación inclemente del neoliberalismo: destrucción del entramado productivo y social, desguace de la salud y educación pública, crecimiento de la desocupación y marginalidad, desencanto y desmovilización. Si lo miramos desde allí, no es poca cosa el haber consensuado los 21 Puntos.
Los acuerdos políticos y sociales en el seno del pueblo siempre son trabajosos; mucho más luego de décadas de contrarrevolución de mercado. Enhorabuena que podamos plantear entonces, en esta coyuntura, la batalla de las muchas voces. Claro que lo que sigue no es fácil. Nada permite presumir que el camino será sin dificultades, incluso en el caso de una pronta presentación en el Congreso del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En primer lugar, porque hay que seguir enriqueciendo el anteproyecto, el texto de una propuesta que por cierto puede ser mejorada. Ese es el objetivo y el espíritu de los Foros que se han venido dando hasta aquí. En segundo lugar, porque habrá que estar atentos y realizar un seguimiento del tratamiento del Proyecto en el Congreso.
Seguramente allí veremos otras “variantes” de la batalla silenciosa de los monopolios de la comunicación. Los monopolios seguirán expectantes, informando con sus famosas “neutralidad” y “objetividad”, falsas hermanas gemelas que tienen siempre a mano. Quienes hablarán por ellos serán los legisladores permeables a las presiones del poder económico, aquellos que lo sirven por interés o por miedo; también quienes comparten la cosmovisión dominante de la economía de mercado. Y por cierto, debemos añadir a los simples oportunistas, dispuestos a todo con tal de ver naufragar al actual gobierno. Las trampas y obstáculos podrán aparecer de diferentes modos: desde la oposición abierta a la maliciosa; desde poner “palos en la rueda” o diferir el tratamiento del proyecto hasta su desnaturalización ideológica. Esta última es la maniobra más insidiosa. Los conceptos y las palabras no son neutrales, y pequeños cambios en la letra pueden significar grandes cambios en la orientación y espíritu. El peso que le da al proyecto el impulso del Poder Ejecutivo Nacional no alcanzará. Sin movilización y participación popular existe la posibilidad de un deslucido final.
Tal vez aquí tocamos un aspecto medular del problema. En última instancia, la riqueza del debate en torno a la democratización de la comunicación audiovisual, y su efectiva plasmación en una nueva legislación, dependen en grado sumo de la profundidad que adquiera la participación popular. Y en esto la problemática de la comunicación cudiovisual no se diferencia en nada de las otras cuestiones que hacen a un Proyecto Nacional. Sin mayores grados de organización y participación popular, sin dar nuevos pasos en la conciencia nacional y social del pueblo argentino, es difícil imaginar que se pueda ir mucho más lejos. No negamos la indudable iniciativa política del actual Gobierno Nacional, en varios terrenos incluyendo este que estamos tratando. Pero si realmente se quiere profundizar el rumbo emprendido en los últimos años, hará falta algo más que la vocación renovadora del Gobierno.
El destino de la democratización de la comunicación audiovisual se juega en múltiples tableros con igualmente múltiples partidas, simultáneas y al mismo tiempo con ritmos diferentes. No será lo mismo la agenda electoral, que se acelera cada vez que se aproximan las elecciones, que la lenta y trabajosa gestación de una voluntad colectiva nacional-popular. La dinámica cambiante de los acuerdos y las convergencias políticas es a su vez diferente del debate y la polémica ideológica. Es una lucha política sometida a las torsiones propias de ese plano de lo social, pero sobre todo una lucha cultural, de alcances y temporalidades más vastos. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se jugará en el terreno de la política más inmediata y, al mismo tiempo, forma parte de la profunda revolución cultural por la democracia participativa de los pueblos, que en toda Latinoamérica se está planteando. Y en todos esos terrenos hay que luchar.
Quebrar el “consenso social” de la economía de mercado neoliberal (es decir, la hegemonía ideológica cultural de la gran burguesía local y trasnacional en esta época de la civilización capitalista) es tarea ciclópea, que no depende de la volátil opinión pública, fiel esclava de la agenda mediática. Establecer un nuevo consenso, democrático y participativo, gestar grados mayores de conciencia nacional y social, es una tarea que, como sostenía Arturo Jauretche, solo puede lograrse trabajando en el seno del pueblo. Un consenso de ese tipo, excederá largamente la cuestión fundamental de la Comunicación Audiovisual, para incluir todas las demandas postergadas de los sectores populares.
Sin embargo, puede avizorarse un límite si solo se tratara de confeccionar la lista de demandas y agruparlas más o menos exhaustivamente. Desde los tiempos coloniales se vienen confeccionando sucesivos “memoriales de agravios”, que los poderosos de cada época observan con distraído desdén. Un camino de superación exige de una adecuada lectura de la coyuntura política, de las correlaciones de fuerzas, de las potencialidades y límites que cada época histórica encierra para los proyectos de liberación, de la constitución de sujetos colectivos que encarnen esos proyectos. Allí se jugará finalmente la posibilidad de democratizar la Comunicación Audiovisual y no podremos perder de vista esa totalidad si es que, efectivamente, queremos triunfar.
Germán Ibañez
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